Clase 9 / semana del 4 de noviembre, La caída del peronismo, el inicio de la "Revolución Libertadora".
A continuación, en este link, verán imágenes del primer bombardeo en la Historia Latinoamericana a una ciudad abierta ( la entonces denominada Capital Federal) , realizado por las Fuerzas Armadas argentinas contra sus propios habitantes, en un día laborable el 16 de junio del año 1955.
Sergio R. Gamboa
U.N.L.Z.
“Recuerdo haber seguido por radio desde una casa en Salta el desarrollo del levantamiento militar de 1955: mientras los dueños de casa festejaban en el comedor, las empleadas domésticas lagrimeaban silenciosamente en la cocina. Seguramente, esa misma impotencia y rabia contenida era la que se advertía en las barriadas obreras de todo el país”
Ernesto Sábato
La herencia del peronismo en un mundo al cual “había” que integrarse
Si algo no comprendieron los factores de poder que derrocaron al gobierno en 1955 fue que la larga década peronista introdujo cambios muy profundos en la sociedad y en la política de Argentina. El país no volvería a ser el mismo después del peronismo, aunque vastos sectores de la revolución así lo buscasen tratando de eliminar hasta los vestigios simbólicos más nimios del movimiento de los seguidores de Perón.
Es que el peronismo había hecho una verdadera revolución social: todas las relaciones entre los grupos sociales se vieron bruscamente redefinidas1. Revolución, que a su vez, supo crear desde el Estado una fuerza política insuperable en las urnas, que daban al régimen una legitimidad política única, alcanzada gracias a que “el peronismo marcó la coyuntura decisiva en la aparición y formación de la moderna clase trabajadora argentina; su existencia y sentido de identidad como fuerza nacional coherente, tanto en lo social como en lo político...”2 Esa herencia que dejó el período no podía hacerse a un lado una vez derrocado el gobierno peronista en 1955.
También en lo económico el régimen había acelerado cambios, aunque no tan profundos como su conductor hubiera deseado, entre esos cambios, “la toma de conciencia de una Argentina industrial poco dispuesta a volver a la tutela de los dueños de vacas”3, cuya impronta se hacía más profunda desde el agotamiento del modelo agro exportador y de la apuesta del gobierno peronista a la profundización de un modelo de sustitución de importaciones primero y a un modelo de desarrollo de industria pesada después.
Semejantes realidades no fueron tomadas en cuenta en su totalidad por aquellos que iban a gobernar el país después de 1955, debido a la gran heterogeneidad entre los que formaron el frente que había coincidido en derrocar a Perón. Si bien estas fuerzas, provenientes de los sectores políticos más dispares, no lograban un consenso sobre cómo gobernar, coincidían al menos en que había que reordenar la economía y la sociedad.
Este reordenamiento socioeconómico estaba fuertemente influenciado por los aires novedosos de la primera década de la Guerra Fría. La Revolución Libertadora coincidía en lo político con el sistema preponderante en Occidente: la democracia liberal que se oponía decididamente al sistema político del área soviética. Más allá de ello, tanto en la Argentina de los últimos diez años, como en los Estados Unidos y en Europa, a fines de los cincuenta, la intervención estatal ordenaba la relación entre los trabajadores y los empresarios.
“En 1947, los acuerdos monetarios de Bretton Woods establecieron el patrón dólar y los capitales volvieron a fluir libremente. Las áreas cerradas fueron desapareciendo y las grandes empresas comenzaron a instalarse en mercados antes vedados. Para los países que habían crecido hacia adentro y sus economías habían sido cuidadosamente protegidas (como el caso de nuestro país durante el decenio de 1945 a 1955), el Fondo Monetario Internacional propuso políticas llamadas “ortodoxas”: estabilizar la moneda abandonando la emisión fiscal, dejar de subvencionar a los sectores “artificiales”, abrir los mercados y estimular las actividades de exportación tradicional”4.
Otra alternativa fue la planteada por la CEPAL, (Comisión Económica para América Latina), cuya propuesta era que los países más desarrollados eliminaran los factores que generaban atrasos en sectores de la economía en los países “subdesarrollados” a través de inversiones de capital.Ambas fórmulas, la “estructuralista”, auspiciada por la CEPAL, y la “monetarista” sustentada por el FMI. a su vez estaban asociadas a posiciones políticas definidas: la primera impulsaba una “modernización” de la sociedad que implicaba la opción por una democracia estable, similares a las que gobernaban los países desarrollados. La segunda receta invitaba a una restauración de viejos órdenes superados en el país y en general en todo el subcontinente, donde se apostaba a la vieja oligarquía y sus aliados entrañables, o bien a las dictaduras si la situación así lo ameritase.
Pero todo este arsenal intelectual no podía llevarse a la práctica no sin antes eliminar de raíz todos los males que el peronismo o bien Perón habían traído consigo. Esa era la labor que se había propuesto la Revolución Libertadora: “regenerar” moralmente a una sociedad desquiciada por un demagogo y su movimiento engañador, para permitir luego una definitiva adecuación del país al capitalismo, el liberalismo y la democracia. Aunque para lograrlo hubiera que violentar, empobrecer, proscribir y silenciar a la mayoría electoral del país.
Los vaivenes políticos de la Libertadora: de Lonardi a Aramburu
Como los golpes de estado de 1930 y 1943, el de septiembre de 1955 contra al gobierno de Perón, fue llevado adelante por una alianza de jefes militares compuesta por nacionalistas y liberales, donde esta última facción era la más poderosa. Prontamente los liberales harían renunciar al líder titular de la Revolución, a sazón el General Lonardi, sostenido por los católicos y nacionalistas. Pero a diferencia de aquellas dos experiencias golpistas esta interrupción constitucional fue apoyada en forma conjunta por el arco político partidario (radicales intransigentes y unionistas, conservadores y socialistas, demócratas cristianos y grupos nacionalistas), además de las organizaciones corporativas burguesas y la Iglesia Católica.5
El general de artillería Eduardo Lonardi, que tenía vínculos de familia con sectores católicos y nacionalistas de Córdoba, era el hombre indicado. Había sido encarcelado y dado de baja por participar de la sedición contra Perón en 1951, por lo cual permaneció recluido en prisión hasta 1953. Entre el 16 y el 21 de septiembre de 1955 las tropas del general E. Lonardi respaldadas por la Marina de Guerra ponían fin a diez años de peronismo. El 21 de septiembre, en Córdoba, Eduardo Lonardi se declaró presidente provisional y nombró un gabinete de emergencia.
Si la orientación elegida del jefe de gobierno era nacionalista y católica, por presiones o estrategia el gobierno revolucionario incluía a hombres orientados hacia los partidos tradicionales y gratos a los sectores políticos y militares liberales e inclusive elementos de extracción peronista dispuestos a alinearse con los nacionalistas y católicos. Precisamente la cuestión peronista iba a convertirse en fuente de discordia con el resto de los revolucionarios. En su primer discurso radial, el 17 de septiembre, afirmó que era tiempo de concordia y reconciliación, anticipando que defendería los derechos de los “hermanos trabajadores”, una semana después, desde el balcón de la Casa Rosada, que Perón había ocupado durante diez años para su diálogo con el pueblo, el presidente provisional afirmaba: “La victoria no da derechos” y retomando la fórmula de Urquiza afirmaba: “En esta lucha no hubo vencedores ni vencidos”.
Para Lonardi había que volver al ideario de 1943-1946, restablecer la política de Ramírez y de Farell, el retorno a un régimen clérico-militar con el apoyo de los trabajadores organizados. Apelaba a un peronismo sin Perón, no al desmantelamiento de las estructuras elaboradas en el decenio peronista.Pero este plan no era realizable, por empezar repugnaba los más profundos sentimientos de los antiperonistas de la Marina liderada por el vicepresidente y contralmirante Isaac Rojas, en el ejército los oficiales que habían sido degradados, dados de baja o
encarcelados por el régimen depuesto, reclamaban venganza, exigían una actitud dura con el peronismo y sus partidarios.
Es que además, el gobierno reconocía que la opinión mayoritaria dentro de los trabajadores seguía siendo peronista y actuó en consecuencia: la CGT. no fue disuelta ni intervenida, sus bienes no serían confiscados y se respetarían todas las conquistas sociales obtenidas a lo largo de últimos doce años, inclusive La Prensa, confiscada a los opositores, seguiría siendo propiedad de los sindicatos. Hasta se dio a entender que la Fundación Eva Perón seguiría funcionando. Pero si estas medidas buscaban acercar a los trabajadores organizados, se hacía en medio de un derrumbe del nivel de vida obrero, donde los salarios reales empezaban a disminuir, parecía más “un soborno político a dirigentes sindicales, cuyo ascendiente era por otra parte problemático, dadas las características de centralización del peronismo”.6
Además mientras el gobierno “pactaba” con los sindicatos, se tomaban medidas represivas contra los obreros peronistas. El ejército ocupaba barriadas de Rosario, Avellaneda, Berisso y Ensenada y muchos patrones sancionaban a los delegados sindicales o suprimían arbitrariamente algunos beneficios sociales que legalmente correspondían a los asalariados.
La Marina de Guerra apoyada por la oficialidad laica y liberal del ejército, empezó a dar muestras desagrado por la política llevada adelante por el presidente, esa fuerza había tenido un peso sin precedentes en los levantamientos contra Perón, y por tradición ideológica, rechazaba tanto al integrismo católico como al nacionalismo de la nueva administración. Estaban influenciados, además, por partidos políticos y grupos culturales laicos, profundamente liberales ligados a la oligarquía nacional.
Los liberales del ejército y el vicepresidente (Almirante Isaac Rojas) impulsaron una institución que contrarrestaría el poder de los asesores y del presidente mismo: la Junta Consultiva Nacional, que tenía como objetivo afirmar la orientación liberal y democrática del nuevo poder. Buscaba reeditar la vigencia de los partidos políticos tradicionales y oponer una nueva legitimidad ante el gobierno de Lonardi. Su función consistía en asesorar al gobierno en asuntos políticos que éste decidiera someter a su consideración. Así las cosas, un incidente menor provocó el desenlace. El presidente se propuso desdoblar los dos departamentos que el peronismo había incluido en el Ministerio del Interior y Justicia.
Con la aprobación del vicepresidente y de un sector de las Fuerzas Armadas, los miembros de la Junta Consultiva renunciaron, salvo dos nacionalistas. El 13 de noviembre, presionado por un grupo de oficiales del ejército, la mayoría golpistas de 1951 y con el aval de la Marina, el general Lonardi, presentaba la renuncia, acusando de traición a los integrantes de esta sedición: “¡Y que sepan todos que no renuncio! Ustedes me echan.”7 Terminaban de esta manera un poco más de dos meses de laboriosos intentos por dar soluciones a los conflictos que la tormenta de la revolución de 1955 había desatado y que no podía contener.
La presidencia del General Aramburu (1955-1958): “Desperonizar” al pueblo argentino.
La asunción del nuevo presidente, el general Pedro Eugenio Aramburu (ex agregado militar en Estados Unidos) llenó de beneplácito al conjunto político antiperonista: radicales, conservadores, socialistas y demócratas cristianos. El análisis era el mismo: se había vencido al sector nacionalista, que había desviado el sentido democrático de la revolución. Aramburu, cordobés de origen, ni nacionalista, ni liberal, general de división de 52 años no despertaba demasiadas resistencias entre las distintas facciones mayoritarias de las tres fuerzas.
Sin embargo, desde el principio de su gestión Aramburu se volcó hacia los liberales y a las consignas de los opositores al gobierno de Perón: retiró a una docena de oficiales nacionalistas y ascendió a rabiosos antiperonistas al grado de general. Estos jóvenes ultraliberales, que rápidamente fueron designados con el mote de “gorilas” 8, se pusieron de acuerdo con los partidos políticos para desperonizar al ejército
El liberalismo económico y social se reflejó en la integración de los ministerios del gobierno de Aramburu. Así lo certificó la elección de hombres provenientes de las familias tradicionales, de los grupos oligárquicos y provenientes del mundo de los negocios, que eran miembros de directorios de numerosas empresas argentinas y del exterior.. Si algo significaba esta lista de nombres era que se había producido una verdadera restauración: los “dueños” del país volvían a gobernarlo. Empezaba así una segunda restauración del régimen oligárquico de 1880-1916.
El objetivo de los amos del poder era claro y directo: “Suprimir todos los vestigios de totalitarismo (así llamado el peronismo) para restablecer el imperio de la moral, de la justicia del derecho, de la libertad y de la democracia” Había que democratizar las instituciones, el estado y establecer la libertad sindical. Se trataba de liquidar el sistema peronista. Había que reeducar a las masas peronistas y reabsorberlas gradualmente por partidos y sindicatos “democráticos”, se buscaba una disolución de la identidad política de las mayorías. Esta concepción se basaba en la teoría de que el peronismo era fruto de un líder demagógico apoyado en un aparato eficaz de propaganda.
Los peronistas habían sido convertidos a ese credo mediante una combinación de demagogia, engaño y coerción. De allí la función pedagógica de la Revolución Libertadora, de allí el conjunto de medidas persuasivas y represivas: desde la didáctica
ilustración de hechos de corrupción y “traición a la patria” adjudicadas al “Tirano prófugo” por la Comisión Nacional de Investigaciones, hasta la imposición y ejercicio de normas de exclusión. Los símbolos debían ser prohibidos: poseer imágenes de Juan Perón y de Eva Duarte era delito, entonar la marcha peronista era pagado con la cárcel, en los medios públicos no podía nombrarse al ex presidente (debía decirse “Tirano Prófugo”), ni a su esposa, ni hacer mención de aspectos de su gobierno en forma positiva.
En esta dinámica, un problema complejo se suscitó al gobierno de Aramburu. Desde 1952, a la espera de la construcción de un mausoleo, el cadáver de María Eva Duarte de Perón (Evita, para el pueblo), momificada por el doctor Pedro Ara, reposaba en la sede la CGT. ¿Qué hacer con ese cuerpo? No podía el gobierno enterrarlo sin que las masas concurrieran en peregrinación hacia ese lugar, no podía destruirlo por miedo a las represalias de los peronistas, ya que Evita era para ellos “La abanderada de los humildes”, la “Santa de los Pobres”9, pero tampoco podían dejarlo en el lugar donde había sido alojado. La solución que los revolucionarios dieron a este problema fue secuestrar el cuerpo y llevarlo al extranjero (Italia) donde fue enterrado con otro nombre. Ese cuerpo, que recién fue restituido a Perón en los primeros años de la década de 1970, significó para las masas peronistas una afrenta que no iba a ser olvidada.
Aramburu afirmó el 14 de noviembre, que la democracia era asunto de demócratas, que se encontraba en la tradición política nacional que apareció en 1810 y resurgió después de Caseros. Esta línea política ultraliberal, denominada “Mayo-Caseros”, justificaba la represión del peronismo por la esencia democrática argentina y la asimilación de Perón con Rosas. Si esta era la visión de los vencedores, la única salida coherente con su discurso era la vuelta a un sistema realmente democrático, en el cual paradójicamente, el peronismo llevaba las de ganar. He aquí el problema, para el cual la Revolución Libertadora no tuvo solución a pesar de contar con el poder público.
El problema electoral
El gobierno era provisional, ya que planeaba llamar a elecciones libres cuando se desmontara el aparato estatal peronista. Los revolucionarios estaban totalmente convencidos que las elecciones de 1951 Perón las había ganado gracias al fraude, la coerción y la manipulación de la opinión. Sin embargo la “desperonización” de la sociedad se hacía cada vez más difícil, la “peronización” de los trabajadores se revelaba más profunda de lo que los “libertadores” esperaban, de ello daban muestras la oposición, la combatividad y la resistencia de los obreros industriales, empleados, vastos sectores populares e inclusive algunos sectores del ejército.
Las autoridades nacionales ignoraban la eventual actitud electoral de las masas que habían sido peronistas. Convocar a comicios libres era embarcarse en una aventura de incierto final: nadie podía afirmar que el peronismo no iba a ganar las futuras elecciones. Las soluciones dadas por el gobierno no eran variadas. O se evitaba que los “totalitarios” volvieran al gobierno a través de proscripciones o se ponía en marcha una “dictadura democrática”, que reeducaría al país, eliminaría todo vestigio de autoritario y preparaba a los votantes para que “aprendieran” a sufragar antes de someterse al dictamen de las urnas. Para poner en práctica esta última opción había que contar con un frente antiperonista sin fallas.
Peor era la situación interna de cada partido político, simpatizara o no con los caídos, es que las organizaciones, el potencial militante y los votos del régimen depuesto eran una tentación demasiado grande en vistas a una apertura política que se avecinaba.
Pero estos dilemas representaban menor influencia en el futuro nacional que los que afectaban a la Unión Cívica Radical, principal fuerza política organizada en 1956. Prontamente, este partido iba a dividirse en dos, de acuerdo a pactar con el peronismo o no, la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo, cuyo líder era Ricardo Balbín.
Una vez caído el gobierno de Perón, Frondizi y sus seguidores lanzaron una campaña destinada a atraerse a los peronistas. Para esta facción el verdadero enemigo del radicalismo no era el movimiento justicialista, sino la oligarquía y sus aliados en el campo democrático, los mismos que habían derrocado al presidente Yrigoyen.
El gobierno decidió convocar una Asamblea Constituyente que se encargaría de abolir la Constitución de 1949 antes de entregar el poder a las nuevas autoridades.
Esa Asamblea Constituyente no era propicia para Frondizi y los suyos. El dilema era que se iban a realizar elecciones con el objeto de derogar una Constitución hondamente peronista para desperonizar a las instituciones, y los intransigentes pretendían captar el voto peronista para llevarlo a cabo. Tampoco el gobierno estuvo ajeno a estos acontecimientos, los miembros participantes serían elegidos aplicando un sistema de representación proporcional (sistema D’ Hont) y no la estipulada por la Ley Sáenz Peña, este sistema aseguraba una más amplia representación de los partidos menores en detrimento de la mayoría radical.
La primera correlación de fuerzas entre ambas partes del radicalismo tuvo lugar en junio de 1957, con motivo de la convocatoria a elecciones constituyentes.
La dirección de la U.C.R.I. intentó captar los votos peronistas. A pesar que Perón ordenaba el voto en blanco en las elecciones a constituyentes, la propaganda de los intransigentes se “peronizó”.
La elección reeditó el triunfo de quienes habían venido ganando desde 1946. Si bien por poco margen, el peronismo volvía a ganar las elecciones, esta vez a través de los votos en blanco que representaban el 24% del recuento general. Casi el 24% fue para la U.C.R.P. y la tercera ubicación para la Intransigencia con 21,2% de los sufragios. Gracias al sistema de representación proporcional, los partidos minoritarios se vieron sobre representados.Cumpliendo lo prometido la U.C.R.I. se retiró inmediatamente de la Asamblea que se había reunido en Santa Fe, llevándose 77 de los 202 constituyentes. A ellos los siguieron los constituyentes de la Unión Federal y de pequeños partidos de orientación neoperonista.
Cuando terminó de aprobarse el artículo que actualizaba los derechos individuales y los derechos sociales (Artículo 14 Bis), y se esperaba que empezara a tratarse la verdadera tarea reformadora, los partidos conservadores se retiraron y dejaron a la Constituyente sin quórum para sesionar.
El triunfo electoral fue una victoria para el gobierno dado que los peronistas no participaron de la misma por estar proscritos y que el partido que intentaba reintegrar a los seguidores de Perón al juego político resultaba afectado por este fracaso. Los revolucionarios se percataron de la fuerza electoral del peronismo, este movimiento no estaba muerto y seguía dando más pelea de lo esperado. Por su parte, el líder intransigente comprendía a tiempo que no era el heredero del peronismo, como le habían demostrado las elecciones a la Constituyente. Si ese electorado se mostraba insensible a sus llamados, un pacto con su dirigencia podía ser el camino.
Además, buscó el apoyo de sectores de la burguesía nacional, de quien Frondizi se mostraba como vocero (en su nombre Rogelio Frigerio comenzó desde la revista “Qué”, una campaña para atraer a ese sector nacional), se buscaron contactos con sectores nacionalistas desplazados desde noviembre de 1955, se respondió con benevolencia a las exigencias planteadas por el episcopado argentino (libertad de enseñanza y contra el divorcio, sólo se resistía a aceptar la pluralidad sindical que los obispos reclamaban contra el peronismo) El Partido Comunista dio su apoyo a Frondizi, ya que buscaba no desprenderse demasiado de las bases obreras, que seguían siendo peronistas.
Todos estos apoyos eran importantes para convencer a sus partidarios, a los independientes, a los militares, pero sin el apoyo de los votos del justicialismo toda empresa parecía inútil. Ese apoyo sólo era posible a través de un pacto con el líder exiliado y universalmente obedecido por las masas: Juan Domingo Perón.
El 4 de febrero de 1958, Perón anunció en una conferencia de prensa, en la ciudad Santo Domingo, su respaldo a la candidatura presidencial del Dr. Arturo Frondizi. Por su parte, el líder intransigente se comprometía a poner en práctica una amplia amnistía, reconocer legalmente al justicialismo y eliminar las trabas a la consolidación de la CGT. Pronto en las calles de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras ciudades la consigna se pintaba en las paredes: “La orden es: Frondizi el 23”, que aludía a la fecha de los comicios: el 23 de febrero de 1958.
Perón, por su parte, logró dos objetivos claves para la supervivencia de él como actor político: por un lado, “después del pacto no se podía hablar de la desaparición del peronismo, este pacto lo relegitimó como actor político independiente de la escena nacional”10 y asimismo Perón lograba refirmar su predominio dentro del movimiento, que echaba por tierra los intentos del “peronismo sin Perón” de algunos dirigentes políticos y partidos neoperonistas (Partido Populista, Unión Popular, entre otros).
En febrero de 1958, Arturo Frondizi candidato de “veinte millones de argentinos” por “el desarrollo económico, la legalidad constitucional y la paz social” superaba a la fórmula de la U.C.R.P. lideraba por Ricardo Balbín, candidato del antiperonismo y del gobierno provisional. La noche del 23 de febrero de 1958, las barriadas fabriles volvían a llenarse de gritos de victoria y de canciones prohibidas que no habían sido olvidadas. Esa misma noche mientras el general Aramburu invitaba al vencedor a hablar por radio desde la casa de gobierno, el nombre aclamado era el del ex presidente en el exilio, verdadero artífice de la victoria electoral.
La reacción de las Fuerzas Armadas antiperonistas fue que no debía entregarse el poder a Frondizi, electo por los peronistas. Para los revolucionarios de 1955, la victoria del candidato de la UCRI, aliado de Perón, significaba la posibilidad de la restauración de la “segunda tiranía”11, ¿Se había hecho una revolución para nada?
Para todos los partidarios del bando de los vencedores de septiembre de 1955, el nuevo presidente había sido mal elegido, con apoyos de sectores que sólo coyunturalmente podían brindarle su adhesión, con votos no eran suyos y con la certeza que había usurpado el poder con un pacto ilegítimo, porque para ellos espurio era todavía el peronismo. Rara paradoja: un presidente que debía imponer los principios de los golpistas de 1955 que había sido electo por aquellos que se oponían a esos principios y a los hombres que los sustentaban. De esta forma el gobierno estaba condenado de antemano.
La liberación de la economía y la sociedad
Luego del golpe de estado de septiembre de 1955, el gobierno de Lonardi comisionó a Raúl Prebisch, ex Director del Banco Central de la República Argentina hasta 1943 y en ese momento secretario de la CEPAL, para que elaborara un informe sobre la situación económica argentina y los mejores modos de solucionar sus problemas. El resultado fue el “Informe preliminar sobre la situación económica de la Argentina”. El plan Prebisch era vigorosamente liberal y atacaba directamente a la regulación económica, enfocaba la situación esencialmente desde el punto de vista ortodoxo de la moneda y las reservas de divisas.
Así entre las propuestas se contaban un uso más liberado de las devaluaciones, el desmantelamiento de IAPI, algunas privatizaciones en el sector estatal, la reducción de gastos del gobierno, restablecimiento de la autonomía bancaria, se terminaban los controles de precios, las subvenciones, los tipos de cambio múltiples y los impuestos a las exportaciones.
Era urgente hacer un esfuerzo para conseguir inversiones y empréstitos extranjeros. El equipo económico insistía en restablecer la confianza externa para obtener ayuda financiera o una moratoria de la deuda para reanudar las relaciones con los circuitos comerciales tradicionales. Obedeciendo a recomendaciones imperativas del Plan, las autoridades de la revolución solicitaron el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. De esta forma, se buscó acceder al crédito para superar una situación transitoria de iliquidez externa, que iba a repetirse a lo largo del periodo inaugurado en 1955. Esos créditos del FMI estuvieron condicionados a medidas de contracción monetaria y fiscal, tendientes a reducir el ritmo de la actividad económica y mejorar los saldos comerciales.
Si la perspectiva final era una Argentina industrializada, en lo inmediato se debía volver al predominio de una Argentina rural. El plan, en consonancia con los postulados de la CEPAL, pretendía una vigorosa industrialización de Argentina, con ella el país podría escapar del destino común a los países del Tercer Mundo y evitar ser un país con una economía dependiente.Al igual que en el Segundo Plan Quinquenal, se proponía aumentar la disponibilidad de capitales, acrecentando las exportaciones agrícola – ganaderas, pero la diferencia estribaba en que para Prebisch debía hacerse una redistribución del ingreso nacional distinta a la llevada a cabo por el peronismo para poder estimular al sector rural. Para lograr sus cometidos se buscaba el incremento de la productividad mediante la supresión de las “prácticas restrictivas” permitidas por algunas convenciones colectivas de trabajo y el traspaso a la iniciativa privada de la mayoría de las empresas administradas por el Estado.
Si el general Aramburu fracasó en el frente político, no le fue mucho mejor en el económico. En principio la balanza comercial dio superávit, esto se debía a las devaluaciones de la moneda y la entrada de capital externo colocado a corto plazo. La entrada de divisas estimulaba la expansión del sector industrial y comercial y de los servicios ligados al mercado interno, a la vez esas divisas servían para pagar los insumos necesarios para mantenerlos en movimiento. Esta expansión significaba un aumento de las importaciones y concluía con un déficit en la balanza de pagos en caso de tener problemas en las exportaciones.
Para salir de este atolladero, el gobierno de Aramburu trató de implementar una serie de medidas recesivas: una fuerte devaluación, suspensión de créditos, paralización de obras públicas, etc., que reducían el empleo industrial y los salarios. Pero la manera errática de poner en funcionamiento este plan y las presiones a su gobierno de los distintos sectores políticos, sociales y aun militares, llevaron a que se desatara otro periodo de inflación que terminó por desestabilizar la coalición establecida para derrocar a Perón.
Aramburu sólo pudo anotarse algunos logros: el aumento del 16% en la producción de petróleo entre 1955 y 1958 y la creación del Instituto Nacional para la Tecnología Agraria (INTA), que realizó grandes mejoras en el sector agrario y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con menos incidencia en su área. .Por otro lado, los sectores rurales acusaron al gobierno de continuar con la política peronista de sacrificar al agro a los intereses de los sectores urbanos; los estancieros y chacareros no admitían y reaccionaban ante el restablecimiento de los controles de precios, las retenciones a las exportaciones y los gravámenes a la importación de maquinaria agrícola.
Si la política era “desperonizar” la sociedad, la economía venía a cumplir la función de desbaratar los logros de la década peronista. A una política económica hostil a las clases trabajadoras se agregaba, como se ha visto, una persecución intensa del movimiento que las había representado. Como era de esperar la respuesta del peronismo iba a ser el combate por logros realizados: comenzaba la larga “Resistencia”, cuyo objetivo era la vuelta de Perón al gobierno y el retorno al “paraíso perdido” de 1946 a 1955.
Los comienzos de la Resistencia Peronista
Derrocado de la presidencia Juan Perón, la Revolución Libertadora pretendía diseñar un sistema político basado en la exclusión del peronismo y la participación de los partidos que habían sido oposición al gobierno derrocado. Esta manifiesta ilegitimidad política12, que marginaba a una parte significativa del electorado, llevó a los proscriptos a la utilización de canales extraparlamentarios y a la creación de nuevas redes para exteriorizar la protesta.
Comenzaban, de esta manera, a definirse prácticas sociales de acción directa al estar vedada, para el partido mayoritario, la mediación política. El objetivo era el retorno del ex presidente y la reversión de la legalidad producida por la Revolución Libertadora. Esta lucha se dio en llamar “Resistencia Peronista”. La resistencia peronista se divide en dos periodos: el primero se extiende desde fines de 1955 a comienzos de 1958 y el restante, desde fines de 1958 a fines de la década de 1960 (aquí se considera sólo la fase de 1955 a 1958).
Hasta 1958 la resistencia se plasmó a través de una serie de complots cívico – militares, ataques la propiedad, a símbolos y a medios de transportes, huelgas, sabotaje industrial y desde 1956-1957 la proliferación de bombas (llamados popularmente como “caños”). Los testimonios de la actividad de la resistencia muestran que su origen fue espontáneo, incluso al principio sin una coordinación ni conducción. Por otro lado, los hombres de estas actuaciones fueron un grupo heterogéneo de trabajadores: obreros, empleados, aun desocupados, suboficiales y oficiales o ex miembros del ejército13
El ala nacionalista del antiperonismo veía con buenos ojos algunos logros de Perón: el énfasis en la justicia social dentro de una estructura de capital humanizado, la armonía y orden social, la particular forma como el peronismo se transformó en un baluarte ante el comunismo. Empero, el factor decisivo de esta etapa en la resistencia fue la actividad de las bases peronistas. Allí reside la explicación de los titubeos de la jefatura sindical para actuar como mejor le pareciera. La amplitud de la resistencia ofrecida por la militancia peronista de base al golpe de septiembre y la dureza de la respuesta a esa resistencia, determinaron los acontecimientos de esos meses. Ante una primera reacción de estupefacción por la renuncia de Perón se dieron una serie de manifestaciones espontáneas en los distritos obreros de las principales ciudades.
“En Buenos Aires, por ejemplo, el ejército hizo fuego contra una numerosa manifestación que procuraba llegar al sector céntrico del Capital Federal. También se informó de nutridos disparos de armas pequeñas en la zona de Avellaneda. Fue preciso enviar a Ensenada y Berisso fuertes contingentes de refuerzos para ocupar las posiciones estratégicas y puntos de acceso a las ciudades.”14
Rosario, llamada “la capital del peronismo”, fue testigo desde el 18 de septiembre, dos días después de estallada la revolución, de una paralización en pleno de la ciudad, seguida de manifestaciones obreras y represiones consiguientes. Si durante el día la ciudad se llenaba de manifestantes, por la noche se escuchaban disparos de armas y detonaciones de bombas. Todas las fábricas estaban paralizadas.
La huelga del 14 de noviembre de 1955, ya bajo el gobierno de Aramburu, recibió un apoyo rotundo. En Rosario, ya el 13 los obreros habían suspendido sus labores. El gobierno admitió que el ausentismo fue del 75% en Buenos Aires y del 95% en las principales industrias. Pero la falta de dirección en el plano nacional y la fuerza de represión condenaron a la huelga a la derrota. El 16 de noviembre el gobierno intervino la CGT y todos los sindicatos que la integraban, cuyos dirigentes en su mayoría fueron encarcelados. Ese mismo día la huelga fue levantada, aunque muchos obreros ya habían vuelto a sus tareas. y fueron encarcelados grandes cantidades de obreros participantes de esas huelgas.
El gobierno de Aramburu y Rojas, consideraban que el peronismo era una aberración que había que erradicar, un mal sueño que había que extirpar de la mente de los argentinos. De esta forma, la política hacia la clase obrera siguió tres líneas maestras: proscribir legalmente un estrato entero de dirigentes peronistas para apartarlos de toda futura actividad, llevar adelante una persistente represión e intimidación del sindicalismo y sus activistas, y por último, hubo un esfuerzo concertado entre el gobierno y los empleadores en torno del tema de la productividad y la racionalización del trabajo. Todo operario que pudiera ser conceptuado como “perturbador” estaba expuesto a las represalias del empleador, aun los delegados gremiales, sobre quienes recayó el peso de los despidos. Los interventores del gobierno en los sindicatos, socialistas y radicales, hostigaron a los viejos sindicalistas peronistas, ajustando cuentas de tiempos pasados. Y dentro de las fábricas, en el plano de capataces y jefes, hubo persecuciones que a veces tenían motivos personales más que políticos.
La resistencia reaccionó a estas medidas “revanchistas”, la respuesta fue la organización de agrupaciones semiclandestinas, cuyas reuniones se realizaban en casas particulares y sus actividades eran en pos de objetivos muy concretos. Huelgas exitosas en plantas metalúrgicas, frigoríficos, transportes, etc., obligaron al gobierno a reconocer algunas comisiones no oficiales15
Como se dijo, la resistencia en las fábricas no fue la única forma de enfrentarse con el régimen que depuso a Perón en 1955. En la primera mitad de 1956 se dieron una serie de tentativas de sabotaje, estos consistían en pintar consignas, tratar de incendiar depósitos de granos, quemar vagones ferroviarios, incendiar locales partidarios aliados a la revolución, destruir plantas de electricidad, etc.
También en las fábricas existía una creciente actividad de sabotaje: destrucción de máquinas, bajos niveles de producción, destrucción de materia prima o de productos ya terminados. Es de destacar que la organización era caótica y basada en grupos locales. Para abril de 1956 había en el Gran Buenos Aires más de doscientos “comandos”, de los que formaban parte alrededor de 10.000 hombres, pero con un control muy tenue sobre ellos. También existían células clandestinas formadas por amigos de barrio o de vecinos de una misma barriada. Estas células se encargaban de la pintura de consignas y la distribución de volantes, actividad que era considerada como ilegal por el gobierno ya que la sola mención del nombre de Perón o de consignas peronistas, suponía riesgos y consistía una legítima forma de protesta.
En 1956 se intensificaron los ataques con bombas contra objetivos militares y edificios públicos. En diciembre de 1955 fueron descubiertos los complots del coronel Federico Gentiluomo en la Plata, el del general Raviolo Audisio en Mendoza y uno de suboficiales en San Luis. Estos complots culminaron con el intento del general Juan José Valle del 9 y 10 de junio de 1956. En varios puntos del país, el 9 de junio de 1956 estallaba una rebelión armada. Los epicentros fueron el 7° Regimiento de Infantería de La Plata y la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral de Campo de Mayo. Además, grupos de civiles y militares tomaron estaciones de radio y destacamentos policiales. En pocas horas este levantamiento fue aplastado por falta de coordinación, intervención de espías y preparación.
La aviación naval bombardeó el 7° de Infantería y la infantería de marina arrestó cerca de mil sediciosos. Se implantó la ley marcial y se aplicó un procedimiento sumario a los líderes de los rebeldes y a los supuestos sospechosos, condenándolos a muerte y fusilándolos los días 11 y 12 de junio.Se ejecutó a treinta y ocho civiles y militares, entre ellos al general Juan José Valle, jefe de la rebelión, único golpista argentino a quien se aplicó la pena de muerte por revuelta armada. Ahora los peronistas tenían mártires y este incidente fue para ellos, inolvidable e imperdonable.16
Si el objetivo era la vuelta de Perón, que sus partidarios imaginaban en un avión negro, este, aunque en el exilio, no era un actor pasivo en este drama nacional. Desde el principio Perón había previsto una estrategia general que incluyera distintos tipos de actividad, a cuyo conjunto dio el nombre de “resistencia civil”. Los documentos básicos de esta etapa fueron: “Directivas para todos los peronistas”, (enero de 1956), “Instrucciones generales para dirigentes” (julio de 1956) Otros tres documentos completan las comunicaciones entre el conductor y sus seguidores, “Declaración del Movimiento Peronista”, “Mensaje a los Compañeros Peronistas” (ambos de abril de 1957) y “Compañeros Peronistas” (octubre de 1957)
De acuerdo con Perón, la estrategia era la de una “guerra de guerrillas”, donde la resistencia civil iba a desempeñar un importante papel. Se debían evitar todas las tentativas de enfrentar al poder militar, este se sabía de antemano y por el momento invencible, descreía de la eficacia de un golpe militar contra el gobierno. Para Perón más eficaces iban a ser las pequeñas acciones que lograrían desgastar al régimen. En el terreno social, la resistencia debía mantener a los trabajadores en estado de conmoción, a través de huelgas, trabajo a desgano y baja productividad. En el plano individual debían emprenderse acciones activas y pasivas; el sabotaje era un ejemplo de las primeras, la difusión de rumores, la distribución de volantes y la pintada de consignas, eran acciones pasivas.
Para la comunicación con los resistentes, Perón escogió a principios de 1957 un delegado, era un joven peronista que había sido diputado nacional: John William Cooke, si bien era el vocero de Perón su posición puede definirse (en consonancia con el líder y a la coyuntura) en la siguiente frase: “Nosotros no estamos en contra de una política, sino contra el sistema”, de allí que según él el movimiento debía ser totalmente inflexible a pactar con el gobierno.
En 1957 esa postura dará como resultado una tácita división en la resistencia. El éxito de la resistencia en los sindicatos permitió que éstos consiguieran legitimar y legalizar sus actividades antes semiclandestinas, es decir estaban en condiciones de pactar con el gobierno desde una posición de fuerza, dejando el objetivo de la vuelta de Perón como una lucha a largo plazo. De esta posición, como la de aquellos políticos que buscaban hacerse con los votos del peronismo, iba a nacer una nueva corriente: el neoperonismo o el peronismo sin Perón, que iba a tener durante la siguiente década una participación significativa en la política nacional.
He aquí el gran interrogante acerca del peronismo, ¿a qué podía llamarse “peronismo” luego de 1955: ¿Perón, el movimiento obrero organizado, los políticos peronistas y neoperonistas, los dirigentes sindicales, los delegados de Perón, los trabajadores? ¿quién o quiénes eran los líderes, además del ya mitológico caudillaje de Perón? La primera repuesta que se imagina el observador de la época es que el peronismo era el pueblo, esos humildes que ponían velas a la estampita de Evita. Que rezaban por la vuelta de Perón, que le ofrecían sus magros ahorros al líder en el exilio, que soñaban con el regreso a una Argentina en la que habían sido felices, que luchaban desde sus recónditos lugares de trabajo o esparcimiento, y que resistían a los embates del gobierno revolucionario. Al fin y al cabo ellos lo fueron a recibir al líder, el lejano, desde 1958, 20 de junio de 1973 a Ezeiza.
En la conciencia social peronista la Resistencia incluyó una serie de respuestas a los ataques desde el gobierno militar que amenazaban los logros de diez años de peronismo. En 1958 la Resistencia, había cumplido a medias con el objetivo que se había propuesto, pero eso no amedrentó a los peronistas que no bajaron ni los brazos ni los ojos del cielo escudriñándolo para ver si se divisaba el famoso avión negro que traería de vuelta a Perón. Pero si algo logró fue reafirmar la conciencia de clase entre los obreros, ahora sin tutela estatal y defender los logros que el peronismo había conseguido para los trabajadores en general.
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