PARA ALUMNXS QUE RINDAN EN CONDICION DE LIBRES
Clase 10/ Período 1958-1962 El Desarollismo. Arturo Frondizi en el gobierno. Continúa la proscripción del peronismo.
El dr. Arturo Frondizi en el gobierno.
El Desarrollismo, 1958-1962.
“Junto a las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los sectores empresarios de la producción, los trabajadores ocupan un lugar preponderante. Si se logra esta armónica y decidida conjunción de fuerzas, nada de las condiciones que hagan posible la convivencia pacífica, el logro de la independencia económica y, con ella los altos niveles de vida a que tiene derecho el pueblo argentino.”
Rogelio Frigerio.[1]
La postura desarrollista se reforzó ante la perspectiva de la alianza con el capital norteamericano con un claro predominio industrial por sobre el sector agrario[2].La hegemonía de aquellos capitales fue reconocida a causa de su impacto a nivel mundial tras la reconstrucción de post guerra de Europa y Japón, lo cual fortaleció la creencia en un sistema capitalista de crecimiento ilimitado, y a ello se le debió sumar el avance geopolítico estadounidense en Latinoamérica en el marco de la Guerra Fría. Las claves fueron entonces: modernizar la economía, reconversión científico-tecnológica y en el plano tanto político como social, la integración del peronismo a través de sus dirigentes sindicales, reconociendo inclusive algunos avances económicos del gobierno derrocado en el mes de setiembre del año 1955.
La fórmula pareció simple: a más inversión, más trabajo y por ende mejor posicionamiento económico de la clase obrera, y como la mayoría de la misma era peronista aliarse con ella significó aliarse con Juan D. Perón, en esta línea argumentativa el dr. Arturo Frondizi pareció estar dispuesto a liderar ese proyecto. Rogelio Frigerio un hombre clave en los inicios del proceso desarrollista, en un trabajo de su autoría en el año 1959- tras realizar un diagnóstico crítico de los años peronistas fundamentado en lo que él denominó “un ahorro forzoso” y en un “paternalismo político”- definió a la Revolución Libertadora como un actor que acentuó “el carácter dependiente de la economía argentina” y la describió como aquella que “dividió a los argentinos y destruyó a las organizaciones gremiales”.[3]
El capital extranjero debía ser reconvertido en una herramienta para el autoabastecimiento del petróleo, el acero, la química pesada, la petroquímica, y el sector hidroeléctrico; lo cual permitiría una industria sin dependencia del suministro de materias primas y combustibles importados, o de lo contrario se consolidaría en el tiempo una estructura dependiente.[4]
En este punto continuó en sus apreciaciones responsabilizando al peronismo de generar trabajo “improductivo” y considerando al programa en marcha del gobierno del dr. Arturo Frondizi como el posibilitador del desarrollo del “mercado, energía, siderurgia y mano de obra y producción agropecuaria”, colocando al país en “la categoría de Nación.” Sin “minorías mistificadoras del «nacionalismo», como disfraz el atraso; «de la lucha de clases», como sustituto de la lucha por la creación de las bases materiales de la Nación”.[5]
Sin embargo, el dr. Arturo Frondizi a poco de asumir, dio claras muestras del desarrollo de una política institucional cuanto menos errática; por un lado su acuerdo alcanzado con el peronismo, y por otro en relación a las Fuerzas Armadas. El 5 de marzo del año 1958 el general Héctor Solanas Pacheco, con el cargo de Secretario del Ejército, dio un mensaje de acercamiento al nuevo gobierno, al declarar que “servir en forma irrevocable, obstinada e inexorable al poder civil, es misión del Ejército.”[6] El envío del pliego de ascenso del general Pedro E. Aramburu y del contralmirante Isaac F. Rojas (de marcada tendencia antiperonista) pareció corroborar esta buena relación inicial.[7]
De todos modos el presidente consideró que debía ir construyendo una política de equilibrio y en especial con aquellos sectores en pugna desde la caída del gobierno peronista, e intentó darle forma mediante las Bases de Acción Política (aprobadas por la Intransigencia radical en el año 1947 y refrendadas por la Unión Cívica Radical dos años más tarde), sustentadas bajo el marco político del Desarrollo Nacional.
Para ello en lo social propugnó una alianza de clases entre los sectores obreros y los empresarios nacionales bajo el paraguas protector de una categoría que estaba por encima de la conflictividad social: la Nación. Por lo tanto, exigió a los trabajadores “atender los intereses del país por encima de los suyos inmediatos”, en pos “de liberar a la Nación” y reconociendo la necesidad de sindicatos únicos y “una central obrera única y poderosa”. Inclusive llegando a declarar poco antes de asumir que “una confabulación oligárquica”, pretendió “entregarle el país en estado caótico sin dar solución por ejemplo,a la huelga bancaria.”[8]
Dejando entrever la idea de integración social que no se apartaba de la línea de armonía entre el capital y el trabajo, como así tampoco de la Comunidad Organizada que pregonó y proyectó Juan D. Perón a lo largo de sus gobiernos; incluso cuando éste planteó, a partir del año 1953, la necesidad de capitales extranjeros con un Estado presente que garantizase las conquistas sociales.
Los siguientes conceptos de por sí importantes en cuanto a las categorías utilizadas propias del peronismo, tales como “oligárquica” o “liberar la Nación”, tuvieron fuerte impacto político ya que las pronunció ante la Mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones.[9] Al mismo tiempo que garantizaría, o al menos así se lo propuso, “la seguridad de inversión y la estabilidad del empresario.[10]Ante esta situación Juan D. Perón advirtió a John W. Cooke, de comenzar a establecer un plazo perentorio para el cumplimiento del Pacto con fecha el 1° de agosto de ese mismo año. El líder justicialista en la carta a su delegado personal, el 30 de setiembre del año 1958 le comentó no sin resignación, ante las indecisiones del presidente recientemente electo la necesidad de “recapacitar sobre lo que hemos hecho antes de que sea demasiado tarde.”[11]
Para las Fuerzas Armadas (comprometidas como estuvieron en la entrega del poder al partido triunfante en las elecciones) el resurgimiento del peronismo les provocó una alerta máxima con el objetivo de condicionar al gobierno entrante y continuar radicalizando sus posturas contrarias al líder justicialista en el exilio y a la masa peronista por él representada. Y sumado a este clima político- institucional enrarecido, medios como el Wall Street Journal se preguntaron, a poco de asumir el nuevo presidente, “¿Cuánto durará Frondizi?”, al mismo tiempo que aseguraron que pocos diplomáticos y políticos creían “que fuera a cumplir los seis años de gobierno constitucional”; y que estaban “convencidos que su régimen se desmoronaría antes que transcurrieran muchos meses.”[12]
En materia laboral, el presidente recientemente electo al mismo tiempo que otorgó un aumento de sueldos y salarios del 60% a los trabajadores levantó la intervención a seis sindicatos: la Unión Tranviarios Automotor, la Federación del Personal de la Industria de la Carne y Afines, la Asociación Obrera Textil, la Unión Obrera Metalúrgica y la Federación Bancaria como así también la derogación del Decreto 4161. El 22 de mayo del año 1958 se sancionó la ley de 14.436, que concedió una amnistía amplia y general para todos los delitos políticos o militares cometidos hasta su promulgación. Los beneficios de la ley comprendieron los actos realizados con propósitos políticos o gremiales, sin embargo, ésta no contempló ni el levantamiento de la proscripción al Partido Peronista, ni el regreso de Juan D. Perón, ni la restitución de su grado militar.
El 8 de agosto se sancionó la Ley de Asociaciones Profesionales por iniciativa del Poder Ejecutivo[13], la cual restableció el sindicato único por rama de producción, no obstante la oposición manifiesta de los secretarios militares de las tres armas y del cardenal Antonio Caggiano[14] -como vocero de la Iglesia Católica-, a los que se agregó la Unión Cívica Radical del Pueblo, la cual a través del presidente del Comité Nacional Crisólogo Larralde expresó que: “la constitución de la central única es un instrumento que promoverá el renacimiento del totalitarismo y la anarquía en la producción.”[15]
Estas medidas apuntaron a consolidar algo más que una situación meramente económica: desde la óptica del dr. Arturo Frondizi y de su Secretario de asuntos Económicos y Sociales, Rogelio Frigerio, ambos visualizaron la posibilidad tal como lo venían pregonando la reconstrucción de un Frente Nacional con el sindicalismo peronista como sostén.[16]
La Economía.
A partir del concepto “transformación técnica” se planteó atacar las causas de aquello que se consideró como uno de los grandes obstáculos de la economía argentina: la inflación. Esta variable no permitió solucionar el deterioro de los términos de intercambio que debilitaba la acumulación interna de capitales impidiendo de este modo el desarrollo industrial que pudiera transformar la estructura productiva; no obstante en este tema se cuidó de no limitar la redistribución de los ingresos que pusiera en peligro la alianza con el peronismo y su base sustancial, los trabajadores.
La Ley 14.780, sancionada por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, abrió las puertas a la radicación de capitales extranjeros, persiguiendo el objetivo del aumento de la producción junto a la integración de la mano de obra, pilares del plan económico y político-social desarrollista.[17] Los datos que nos aportó Daniel James en materia del plan de estabilización económica a partir del mes de diciembre del año 1958, son importantes en relación al proyecto desarrollista en esta materia. Dicho plan incluyó un préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional, devaluación monetaria, apertura para importación de maquinarias, suspensión de control de precios, y “medidas que equivalían a una congelación de los salarios”.[18]
“Una severa devaluación de la moneda combinada con una reducción de los aranceles aduaneros y de los recargos para los bienes de capital importados. Simultáneamente se implantó una política crediticia restrictiva que buscaba reducir el déficit del presupuesto (por medio del congelamiento de sueldos y vacantes del Estado) junto con el incremento de las tarifas del sector público.”[19]
Estas medidas trajeron aparejado una baja del salario real en un 20% y “una notable redistribución de la renta nacional: la parte correspondiente a salarios declinó del 48,7%, en 1958, al 42,1%, en 1961,”, más un aumento de precios del 113%.[20] A pesar de la explicación del gobierno con respecto a una serie de medidas coyunturales tendientes a mantener y consolidar un programa nacionalista-que apuntaba a sostener la confianza de la dirigencia sindical peronista-, en el marco de la Resistencia, las bases obreras produjeron huelgas que ocasionaron la pérdida de 6.245.286 puestos de trabajo en el año1958. Un año más tarde las jornadas perdidas llegaron a 10.078.138 días, solamente en la Capital Federal, lideradas por una nueva dirigencia surgida de las elecciones que permitió el gobierno en el marco de la nueva ley de Asociaciones Profesionales.
Entre los años 1959 y 1962 llegaron a la Argentina inversiones por un valor cercano a los quinientos millones de dólares, por otra parte, con la devaluación del peso y la liberación de los precios a partir del mes de diciembre del año 1958 se produjo “un aumento de la tasa interna de ahorro por medio de la traslación de ingresos de los sectores populares a los grupos más concentrados.”
Lo cual implicó un crecimiento de la economía del 8 % anual entre los años 1960- 1961.[21]Los sectores de la producción que lideraron este proceso fueron fundamentalmente los vinculados con combustibles (petróleo, carbón), siderurgia, petroquímica y automotores. En tanto las automotrices “generaron un amplio impacto en todo sentido: por el número de empresas que fueron autorizadas, por la composición del capital extranjero, por el grado de su concentración (trabajadores empleados, valor de la producción y de los bienes patrimoniales), como por su localización geográfica.”[22]
Entre tanto el aumento de las tarifas de los servicios públicos (que variaron de acuerdo al rubro entre el 60 y el 200%, como por ejemplo este último en el caso de los combustibles), el congelamiento de las vacantes en la Administración Públicas y entes estatales, fueron las medidas que contextualizaron la política de austeridad del año 1959. Estas palabras del subsecretario de Trabajo, Galileo Puente, graficaron la respuesta ante esta situación crítica de los trabajadores:
“Cuando me hice cargo de los problemas de las relaciones laborales me encontré con anarquía, abusos y atropello por parte de los obreros. Los empresarios habían perdido el control de sus fábricas; las comisiones internas manejaban todo. Aquellos que debían obedecer, en realidad, estaban dando órdenes, los empresarios deben por lo tanto retomar el control de las fábricas.”[23]
A pesar del conflicto social, el gobierno siguió adelante con su plan de austeridad que le permitió obtener un préstamo de 329 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y del Eximbank de los Estados Unidos. La política tendiente a reducir el déficit del Estado se amplió a empresas de capital extranjero que el peronismo había incorporado al patrimonio nacional; tal el caso de empresas alemanas, o del grupo Bemberg y el Frigorífico Lisandro de la Torre. En cuanto a los contratos petroleros, los mismos produjeron una serie de declaraciones contrarias a su efectivización, que fueron desde el dr. Ricardo Balbín -presidente de la Unión Cívica Radical del Pueblo-, pasando por la Federación Universitaria, la Asociación de Técnicos de YPF, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza y el Sindicato Único de Petroleros; hasta el dr. Alfredo Palacios, quien solicitó directamente la renuncia del presidente con el pretexto de la defensa de la soberanía nacional representada por el petróleo en aquella coyuntura. En este sentido Mario Rapoport nos apuntó que:
“Se criticaron diversos aspectos técnico-económicos, tales como un supuesto sobreprecio del petróleo, tanto frente al costo de YPF como con respecto a los valores internacionales del crudo, la eximición del pago de impuestos a las empresas contratistas o la asignación de las mejores áreas a dichas empresas. Se sostuvo, además, que las condiciones de los Contratos acabarían por llevar a YPF a un ahogo Comercial y financiero.”[24]
El gobierno se había propuesto firmar una serie de contratos con la Banca Loeb y Panamerican, tendientes a obtener la prestación de servicios de las empresas extranjeras, que fuera suplantando -según esta política- la incapacidad técnica y financiera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. A esta decisión, el presidente la definió el 24 de julio, como la “batalla por el petróleo”, ya que para la visión desarrollista, el combustible- cuya compra al exterior rondaba entre un 20-25% del total de las importaciones- generaba un atraso productivo que debía ser solucionado cuanto antes. Máxime cuando aquel porcentaje representó alrededor de 350 millones de dólares, cifra que superaba a su vez el déficit comercial total del país.[25] El objetivo fue entonces poder obtener el autoabastecimiento petrolero, que comenzó con la implementación de una política que nacionalizó las reservas de hidrocarburos ( Ley número 14.773) “y la renegociación de los contratos de importación firmados por la Revolución Libertadora logrando una rebaja de 5 dólares por metro cúbico por parte de la British Petróleum.”[26]
La empresa petrolera argentina pasó a tener un rol preponderante en relación a la presencia de los capitales extranjeros, ya que todo el petróleo extraído quedaría bajo su control y las empresas cobrarían en efectivo. No solamente se firmaron convenios con empresas norteamericanas o europeas, también se realizó uno con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el objetivo de obtener un crédito para la compra de material tendiente a la extracción del crudo. El gremio que nucleaba a los trabajadores petroleros, llevó a cabo una férrea oposición, que se agravó cuando el gobierno decidió aplicar el Estado de sitio, y que trajo además como consecuencia el inicio del enfriamiento de las relaciones entre el peronismo y el gobierno desarrollista.
Se sucedieron en este contexto político la prolongación por casi setenta días de la huelga de médicos municipales, de Correos, paros ferroviarios, en reparticiones policiales de las provincias de Córdoba y Salta y la huelga ante despidos en el frigorífico “La Blanca” declarada por la Federación de la Industria de la Carne; a ello se le sumaron movilizaciones estudiantiles y la toma de instituciones educativas por parte de los alumnos en todo el país ante el anuncio del Poder Ejecutivo de implantar la libertad de enseñanza sancionada finalmente por el Senado el día 1º de octubre; esta ley ocasionó que el dr. Risieri Frondizi, rector de la Universidad de Buenos Aires (designado en el año 1959, encabezara dichas manifestaciones contra esa ley; mientras que el general Pedro E. Aramburu exigió al gobierno “definiciones en materia económica, política y social, con hombres de clara militancia republicana y democrática.”[27]
Asume Alvaro Alsogaray.
Cambio de rumbo en la política económica desarrollista.
El 29 de diciembre de año 1958 el presidente anunció un plan de estabilización monetaria y racionalización del gasto público. Para quienes interpretaron este cambio de rumbo de manera positiva lo observaron como una parte necesaria de complementación del desarrollo nacional que se había materializado los primeros ocho meses de gobierno.
El dr. Arturo Frondizi justificó este giro hacia políticas liberales a causa de una deuda externa superior a las reservas de oro y divisas como así también a le necesidad de controlar y disminuir a una excesiva burocracia estatal, junto a un aumento de casi un 600% del costo de vida en los años recientes. Todo ello lo obligó a un programa de austeridad tendiente a controlar precios de primera necesidad, suprimir trabas a la importación, un mercado de cambios libre y fluctuante (especialmente para las exportaciones, a pesar de aumentar las retenciones entre un 10 y un 20%), aumento del precio de combustibles, y despidos en la administración pública.
Comenzó así la denominada economía social de mercado, con un plan que produjo inflación, escasez de alimentos como la carne y el endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional; y que también trajo como consecuencia la renuncia del secretario de Relaciones Económico-Sociales de la Presidencia, Rogelio Frigerio (el 10 de noviembre del año 1958, quedando en un cargo de asesor presidencial hasta el 13 de mayo del año 1959, fecha en la cual se alejó definitivamente del gobierno).[28]
El presidente aseguró que esta designación y el alejamiento de Rogelio Frigerio obedeció a conciliar con las Fuerzas Armadas en una coyuntura de fuerte resistencia sindical y política encarnada en el peronismo y las consiguientes presiones militares que no cejaron desde su asunción. La presencia de Álvaro Alsogaray en el gabinete no detuvo el malestar hacia el gobierno por parte de las Fuerzas Armadas, ya que éstas se sumaron al clima golpista impulsado por algunos medios de comunicación, como por ejemplo Radio Rivadavia que dio a conocer el Pacto entre Juan D. Perón y el dr. Arturo Frondizi como si fuera un mal imposible de solucionar para la democracia argentina.
El Poder Militar
El 16 de junio del año 1959, tras las declaraciones de Juan D. Perón acerca del incumplimiento del dr. Arturo Frondizi del acuerdo establecido oportunamente, y en coincidencia con el cuarto aniversario del bombardeo de Plaza de Mayo, la Guarnición Militar Córdoba exigió a través de un radiograma enviado al Estado Mayor del Ejército la investigación de aquel pacto preelectoral, como así también la remoción del subsecretario de Guerra, coronel Manuel Reimúndez, sospechado de mantener contactos con dirigentes sindicales peronistas. El general Arturo Osorio Arana sostuvo además en aquella proclama que estaba “en marcha una conspiración promovida por peronistas y comunistas, dos facciones de infames traidores a la patria” y “exigía también la renuncia de funcionarios de inclinación marxista, comunista o peronista”.[29]
Sin embargo, este accionar de las Fuerzas Armadas lejos de unificarlas provocó una división de corte político - ideológico entre legalistas (que se propusieron respetar el orden institucional) e integracionistas (quienes optaron por impedir cualquier acercamiento al peronismo, aun a costa de interrumpir el gobierno electo). El avance del poder militar personificado en el Comandante en Jefe del Ejército, el general Carlos Severo Toranzo Montero siguió su curso, sus discursos centrados en detener el resurgimiento de cualquier clase de totalitarismos sobre la Argentina, tuvieron su correlato en la práctica al presionar para la intervención de la provincia de Córdoba asolada por la Resistencia peronista y los atentados perpetrados por sus militantes.
En el Centro Naval, se reunieron oficiales de las tres armas convocados por el almirante Arturo Rial con el objetivo de realizar un análisis político de la situación nacional y compartirlo con los partidos opositores; ante estos hechos, la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas fue anulada.[30]Más allá de su convencimiento político acerca de esta última medida, para llevarla a cabo necesitaba incluir efectivamente a la clase trabajadora mayoritariamente peronista y contener a las Fuerzas Armadas inclinadas hacia el antiperonismo.
A los pocos meses de la asunción del nuevo gobierno, ante las solicitudes de renuncia por parte de los jefes del ejército de los Secretarios y sub Secretarios del arma (general Héctor Solanas Pacheco[31] y el coronel Manuel Raimúndez respectivamente) las guarniciones (en apoyo a esta solicitud) se acuartelaron y aunque el sub Secretario abandonó su cargo, el ministro del Interior anunció la posibilidad de un golpe de Estado. Como consecuencia de ello son detenidos varios jefes y oficiales; entretanto en la Armada, también se llevaron a cabo relevos y detenciones. A ello se le sumó un estado deliberativo en las Fuerzas Armadas que ocasionó la renuncia solicitada días atrás al general Héctor Solanas Pacheco (en su lugar ocupó el cargo el general Elbio Anaya) y del nuevo sub Secretario del arma el general Rosendo Fraga. Esta situación de presión sobre la presidencia no se había detenido desde el mes de julio del año anterior cuando el mismo Centro Naval se convirtió en un espacio de indisciplina y cuestionamiento permanente al poder civil.
Incluso en la Fuerza Aérea se produjeron renuncias como la de su secretario, el comodoro Roberto Huerta, ante decisiones del Poder Ejecutivo de reincorporar al servicio activo a otros camaradas como el comodoro Julio Krause quien había sido puesto en disponibilidad en el marco de las depuraciones post gobierno del general Eduardo Lonardi, por el propio general Pedro E. Aramburu. Este último declaró por esos días su resistencia a toda clase de insubordinación militar, no obstante criticar al presidente “por su turbia política y por confiar posiciones claves a figuras no partidarias, de dudosos antecedentes.”[32] Esta medida trajo una crisis de proporciones ya que el secretario del arma, el comodoro Roberto Huerta debió renunciar y el presidente la aceptó demostrando una extrema debilidad, no solo ante la Fuerza Aérea, ya que esta situación fue aprovechada por los aliados civiles a los sectores más radicalizados de las Fuerzas Armadas, como el dr. Miguel Ángel Zavala Ortiz quien el 16 de setiembre en nombre de la Unión Cívica Radical del Pueblo declaró estar frente a “una dictadura” que generaba inseguridad no solamente a la ciudadanía, sino también (y ésta pareció la preocupación fundante del radicalismo del pueblo) en las Fuerzas Armadas:
“No se puede escapar a una dictadura en marcha. En cambio, cuando se está en vísperas de una dictadura se puede evitarla. Es por eso que no necesitamos militares ni civiles que esperen a mañana para venir a decirnos que estamos en un estado totalitario. ¿Cuál es la legalidad cuyo acatamiento se nos recomienda? ¿Acaso la legalidad de la incertidumbre? ¿Alguien está seguro? ¿Existe un ciudadano que se sienta tranquilo? ¿Saben el general el almirante o el brigadier si mañana continúan en sus mandos?”.[33]
Entretanto en la provincia de San Luis, en el mes de junio del año 1960 el jefe de la unidad militar de esa provincia se sublevó contra el gobernador, lo detuvo y advirtió sobre la instauración de una “república popular marxista”.[34]Unos meses más tarde, el general (RE) Miguel Iñíguez de ascendencia peronista y coordinador de una Central de Operaciones de la Resistencia, encabezó un intento de toma del Regimiento 11 de la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) el cual fracasó ante la defección de otros emplazamientos miliares y supuestas movilizaciones obreras que no se llegaron a producir.[35] En este marco se produjo la búsqueda de la unidad de los diferentes sectores militares con el objetivo de condicionar al gobierno entrante y continuar radicalizando sus posturas contrarias al líder justicialista en el exilio y a la masa peronista que representaba.
El peronismo se moviliza.
Entre los meses de setiembre y octubre del año 1958 Juan D. Perón se abocó a la reorganización del movimiento peronista en la Argentina. Esta reorganización tuvo como objetivo por un lado, evitar que se profundizaran las críticas hacia su delegado personal -alimentadas según el propio Juan D. Perón desde el propio gobierno- y por otro sostener la unidad del movimiento incluyendo en este “armado político” a las “62 Organizaciones Peronistas”. Se debe remarcar que si bien se levantó la interdicción para miles de dirigentes políticos y sindicales peronistas, el partido en sí continuó proscripto al igual que su líder.
Juan D. Perón observó por aquellos meses muy debilitado al gobierno frondicista y lo catalogó como “un gobierno sin poder”, dudando en la utilización de la fuerza ante la presión de los “gorilas”, lo cual gradualmente le hizo perder el apoyo popular y creer “que con un chorro de petróleo que saldrá dentro de tres años puede resolver todos los problemas que agitan al Pueblo Argentino es de tal manera superficial, que no resiste el menor análisis” [36]
Entretanto la Mesa de las “62 Organizaciones Peronistas” liderada por Amado Olmos[37], decretó un paro general con movilización para el día 10 de octubre. Como corolario a esta situación social de extrema inestabilidad, el fracaso de las negociaciones emprendidas ante los pool petroleros y el Fondo Monetario Internacional, que tenía el objetivo de obtener fondos para la explotación de los recursos petrolíferos sumado a un contexto de represión de la huelga de los trabajadores del sector, el dr. Rogelio Frigerio se vio obligado a renunciar el 10 de noviembre del año 1958. El presidente perdió así uno de los sostenes políticos más importantes de su gestión a pocos meses de su asunción.
El 6 de noviembre llegaron directivas de Juan D. Perón para que se denunciaran los contratos petroleros, lo cual implicó que los trabajadores afiliados al SUPE se sumaran al paro conducido por los militantes comunistas y radicales; así obligaron al gobierno a declarar el estado de sitio y se produjo la movilización de tropas hacia los yacimientos petrolíferos, resultando detenidos numerosos dirigentes gremiales.
La consecuencia fue una declaración de huelga por 48 horas, para los días 20 y 21 de noviembre, por parte de los cuerpos de delegados de base. Esto apuntó a que no se entablaran negociaciones con las “62 Organizaciones Peronistas”; sin embargo, esta dirigencia se reunió con el presidente de la Nación y se logró un acuerdo - marco que pautaba una pronta sanción de la ley de Asociaciones Profesionales, convenios colectivos de trabajo y el control de YPF en la refinación y comercialización de petróleo y combustibles.
El levantamiento de la huelga por 48 horas ratificó esta “alianza” pragmática y coyuntural entre la dirigencia sindical peronista y el desarrollismo, a pesar de las directivas de Juan D. Perón del accionar resistente de las bases. La promulgación de la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales les dio la razón a los jefes sindicales ya que les continuó garantizando un gremio por rama de producción y sin representación de las minorías. No obstante estos avances en la relación entre el gobierno y la dirigencia gremial justicialista, las “62 Organizaciones Peronistas” se vieron obligadas a decretar un paro general por veinticuatro horas contra el aumento del costo de vida en el mes de noviembre de aquel año.
Además de preservar sus instituciones, los dirigentes gremiales coincidieron en líneas generales, con el programa de gobierno nacionalista, industrialista y de superación desde la óptica desarrollista de las bases económicas establecidas por el peronismo. Dicho programa incluyó a la clase trabajadora en el marco del proyecto industrial, pero sin traspasar los límites en cuanto a demandas socio-laborales que a juicio del desarrollismo durante los gobiernos de Juan D. Perón habían profundizado la conflictividad.
El día 11 de noviembre en sintonía con esa idea el presidente declaró el estado de sitio por treinta días ante la huelga petrolera con epicentro en la provincia de Mendoza que fue declarada ilegal. El SUPE (Sindicato Único de Petroleros del Estado) planteó la anulación de los recientemente firmados contratos petroleros con las empresas norteamericanas. La respuesta fue en el marco del decreto de excepción la detención de cientos de dirigentes y activistas pertenecientes no solo al peronismo sino también al partido Comunista y a la UCRP. Esta crisis social y laboral tuvo otra consecuencia inesperada como fue la renuncia del vicepresidente el dr. Alejandro Gómez el 18 de noviembre, quien además de proponer que aquellos contratos pasaran por el análisis del Congreso se ofreció para unificar a los dos partidos radicales. El presidente creyó ver en estas actitudes maniobras desestabilizadoras y le exigió la renuncia. Mientras tanto, el estado de sitio cumplidos los treinta días se prolongó de manera indefinida (hasta la destitución del presidente ocurrida el 29 de marzo del año 1962) como una clara señal de intolerancia hacia el sindicalismo peronista ante su oposición a las medidas económicas.[38]
Los últimos meses del año 1958 reflejaron las contradicciones en los diferentes agrupamientos del movimiento peronista que venían actuando en la Resistencia. En el caso del sindicalismo, la movilización que se convocó para el 17 de octubre se dejó sin efecto. La misma situación se produjo con referencia al paro convocado por “las 62” dos meses mas tarde ya que a dos días de su cumplimiento, el 9 de diciembre se resolvió también dejarlo sin efecto. Estas actitudes contradictorias de las principales organizaciones político-sindicales del peronismo evidenciaron los desacuerdos tácticos de los diferentes sectores que pugnaron por ser la voz y la representación física de Juan D. Perón en la Argentina.
El líder exiliado en reportajes concedidos a Alberto Manuel Campos para su semanario “Norte”, en aquellos meses iniciales del gobierno del dr. Arturo Frondizi, lo definió al presidente en ejercicio como “un enemigo” y sostuvo la reorganización del movimiento como una necesidad de la etapa política e instó a los peronistas a obrar de acuerdo a las premisas doctrinarias. Y en referencia a las ya mencionadas contradicciones políticas y sindicales, analizó el fracaso de la huelga del 10 de octubre y la movilización del 17 de ese mismo mes como producto de los errores tanto de la conducción táctica, como a la falta de organización de la dirigencia de ambas ramas del movimiento. Por lo tanto, decidió convocarlos a coordinar las acciones, tanto en lo relativo a su relación con el gobierno como a las medidas a tomar en caso de no obtener respuestas satisfactorias, haciendo hincapié en el camino que estaban recorriendo las “62” y la “C.G.T.A.” (CGT Auténtica) para reorganizar a la masa trabajadora peronista.[39]
“Hay dos líneas bien claras: el Pueblo y el anti-pueblo. El dilema argentino: estar con el Pueblo o contra el Pueblo. Lo primero, es lo popular, lo segundo, es lo impopular. Por eso, cada medida emergente de la presión gorila, coloca a Frondizi al lado de la oligarquía y frente al Pueblo.”[40]
La cuestión de la enseñanza: laica o libre.
Desde el mes de setiembre del año 1958 y hasta el mismo mes del año siguiente, el país vio cómo se debatía entre los defensores de la enseñanza estatal liderada por el hermano del presidente, rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el dr. Risieri Frondizi, y aquellos que impulsaron desde la Iglesia la entrega de títulos habilitantes por parte de los institutos privados. El gobierno optó por apoyar a las universidades estatales pero también aseguró que se necesitaba el concurso de la actividad privada para potenciar la formación de técnicos y científicos.
Estas ideas ya pudieron leerse en artículos publicados por la Revista Qué, en el año 1957 en la cual se propició el encuentro entre los diferentes “sectores nacionales” con el mismo “derecho de enseñar y aprender”:
“El antecedente oficial de esta anunciada política de Frondizi fue el de reorganización Universitaria, elaborado por el ministro de Educación de la Revolución Libertadora, doctor Atilio Dell’Oro Maini, designado por el general Lonardi. Este decreto es del 23 de diciembre de 1955, promulgado por el gobierno de Aramburu, y en su artículo 28 disponía: ˂˂ La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes, siempre que se sometan a las reglamentaciones que se dictarán oportunamente.>>”[41]
El artículo 28 se convirtió en motivo de controversias que pusieron al gobierno en medio de un fuerte conflicto social donde los partidos políticos, la Iglesia, los agrupamientos estudiantiles, (ya sea en defensa de una u otra postura), aprovecharon la coyuntura para criticar al gobierno desde diferentes ángulos de la vida política, social o económica. Se sucedieron de este modo manifestaciones multitudinarias donde la consigna “laica o libre” se constituyó en un conflicto social pronunciado.
El parlamento fue el lugar donde se debatieron estas posturas que también atravesaron de manera heterogénea al partido gobernante, puesto que finalmente- a pesar de la encendida defensa, por parte de muchos legisladores de la UCRI, acerca de la facultad de la Universidad Nacional de Buenos Aires de otorgar los títulos habilitantes- la derogación del artículo 28 permitió al Estado reemplazar a la Universidad de Buenos Aires en esa materia. Así se promulgó la ley 14.557, reglamentada por el Poder Ejecutivo en el mes de febrero del año 1959, creándose además, la Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada. Poco antes de su derrocamiento el gobierno del dr. Arturo Frondizi estableció los tribunales examinadores del Estado con respecto a los egresados de las universidades privadas.
Juan D. Perón denuncia el Pacto.
El 11 de junio del año 1958 en la ciudad de Buenos Aires, se difundió el texto del acuerdo oportunamente sellado entre Juan D. Perón y el entonces candidato presidencial dr. Arturo Frondizi. Dicho acuerdo se dio a conocer, en palabras del propio líder justicialista: “porque la situación en la Argentina ha creado tal rama para los ideales populares nacionales que se hacía ya imposible mantener en reserva los solemnes compromisos contraídos y violados por Frondizi. En síntesis lo denuncio por razones políticas.”[42]
Esta información desató una crisis institucional que no llegó a desestabilizar al gobierno de la UCRI, ya que para la fecha del recordatorio del bombardeo a la Plaza de Mayo, algunos sectores del Ejército intentaron sin éxito un golpe militar. Para salir de esta crisis coyuntural, el presidente ofreció un cambio de gabinete que trajo la inclusión en Economía y Trabajo de Álvaro Alsogaray. El día 30 de junio, el general Héctor Solanas Pacheco (quien venía bregando por el sostén del gobierno), tras la reorganización del gabinete presentó su renuncia a la comandancia en jefe del Ejército; la Marina también sufrió “la baja” de su secretario de gabinete y de siete almirantes, pero en este caso porque el presidente lo consideró como situaciones que obedecieron a conflictos internos del arma.
No obstante, debió observar de qué modo oficiales que eran críticos a su gobierno pero no golpistas dejaron sus cargos. Sin embargo, y más allá de la importancia de las presiones recibidas por el Ejército (y en menor medida por la Marina), fue la difícil situación económica la que fogoneó las recurrentes crisis sociales: “el déficit fiscal, los aumentos en el índice de costo de vida y los desequilibrios en el comercio exterior oscurecieron los reales logros del gobierno” en materia petrolífera y siderúrgica.[43] A ello se le sumó en este período (junio del año 1959 – agosto del año 1961) el deterioro salarial.
En cuanto al Ejército, a comienzos del mes de setiembre, la insubordinación del general Caros S. Toranzo Montero, ante la renuencia del presidente de confirmarlo en el cargo como comandante en jefe del Ejército, produjo una sublevación encabezada por este militar que le permitió obtener mediante esta acción la confirmación esperada tras una reunión en la quinta presidencial de Olivos con el dr. Arturo Frondizi. La derrota de los oficiales que defendieron la postura presidencial, más el avance de sectores encabezados por este general -convencidos de su rol como custodios de la historia y el presente de la Argentina- profundizó la brecha en el cuerpo de oficiales como no venía sucediendo desde los días posteriores a la renuncia de general Eduardo Lonardi.
El nuevo Comandante en jefe comenzó a desarrollar su política militar bajo la idea de una “hipótesis de guerra revolucionaria”, traída por oficiales del Ejército francés en el año 1957. Dichos oficiales fungieron como asesores de la Escuela Superior de Guerra. A esta relación se sumó la consolidada con la Junta Interamericana de Defensa y las misiones de entrenamiento norteamericanas dirigidas a oficiales argentinos a partir del año 1960. Este militar y sus seguidores dentro de la fuerza consideraron que tanto el comunismo como el peronismo eran “un conglomerado de delincuentes vinculados entre sí” que pretendían “retornar al estado totalitario.”[44] En lo concreto, esta clase de declaraciones significaron en el marco del Plan Conintes, la acción directa de las Fuerzas Armadas en el combate contra lo que ellas denominaron como acciones terroristas, subordinando a las fuerzas policiales y poniendo bajo tribunales militares a los acusados de dichos actos.
La Huelga en el Frigorífico Nacional “Lisandro de la Torre”.
En el mes de enero del año 1959, el presidente argentino viajó a los Estados Unidos de Norteamérica con el objetivo de atraer a los inversores de ese país, principalmente porque el 29 de diciembre del año anterior había dado las nuevas pautas del plan económico aceptando las propuestas del Fondo Monetario Internacional. En ese marco, el 10 de enero envió al Congreso el proyecto de ley mediante el cual se autorizó a vender o alquilar el frigorífico nacional ubicado en el barrio de Mataderos de la Capital Federal. A esta situación se le sumó que la lista triunfante en las elecciones del mes de diciembre del año anterior, estaba encabezada por dirigentes peronistas provenientes de las filas de la Resistencia como Sebastián Borro, su secretario general.
A esta Comisión Directiva deben agregarse los cuerpos de delegados por sección electos mediante el sistema de asambleas en un ámbito donde trabajaban nueve mil trabajadores, quienes al enterarse del proyecto de ley que contempló la venta del establecimiento decidieron realizar una movilización a la Plaza de los Dos Congresos con el objetivo de oponerse a la venta bajo la consigna de luchar por la defensa de la soberanía. Al mismo tiempo, repartieron un documento en el Congreso en el que ratificaron su intención de hacerse cargo del “monopolio del abastecimiento de la ciudad” y exigieron además la “autarquía y descentralización del frigorífico y el Mercado Nacional de Hacienda, con amplias atribuciones para actuar como exportador directo”. En el mismo documento, también pidieron por su reequipamiento, “autorizando créditos pertinentes, que significarían a la empresa una recuperación aproximada de 180 millones de pesos anuales.”[45]
Esta postura obviamente no coincidió con la de las empresas norteamericanas que cerraron el acuerdo con el gobierno desarrollista. La International Parkers y Wilson Co. estaban seguras de poder mejorar y por lo tanto, hacer mucho más eficiente el clima de negocios y la producción de la carne en nuestro país; para ello se comprometieron a cumplir con el plan del gobierno tendiente a una mayor industrialización en todo el proceso de la explotación de las reses, ya que el frigorífico aseguró el Poder Ejecutivo:
“Ha funcionado por años en condiciones institucionales
y económicas extrañas a su esencia e incompatibles con
su finalidad. Su desenvolvimiento ha resultado de déficit
crecientes de explotación que no se justifican.”[46]
La antinomia para los obreros se enmarcó entre estas dos opciones: el monopolio extranjero o la defensa del patrimonio nacional representado en el frigorífico. Para el gobierno, el déficit de la empresa solo podía ser superado por la inversión extranjera junto a los parámetros de eficiencia y modernización. Precisamente, en aras de esas transformaciones estructurales que propuso el gobierno, son oportunas estas palabras del diputado de la UCRI José Liseaga, para comprender el compromiso del desarrollismo para con las demandas financieras internacionales, que a su juicio le permitirían a su vez la transformación económica del país:
“Muchas veces debemos adoptar actitudes antipopulares para cumplir ese fin fundamental. Pero en esta obra debemos sacrificarnos todos, y hemos de sacrificar hasta nuestra popularidad con tal de hacer la gran revolución transformadora que requiere el pueblo para su consagración definitiva y para la consolidación de la soberanía nacional.”[47]
Finalmente el proyecto fue aprobado por 87 votos afirmativos contra 13 negativos, mientras que en la Cámara de Senadores al pertenecer los 42 integrantes al oficialismo se aprobó sin debate. Una vez que los trabajadores se enteraron de esta votación se solicitó una reunión con el presidente por parte de la Comisión Directiva del frigorífico. La misma se produjo en la quinta de presidencial de Olivos con la presencia de las “62 Organizaciones Peronistas” el día 15 de enero, pero con resultados negativos. Tras dicha reunión con el presidente los dirigentes gremiales de los sindicatos metalúrgicos, textiles, de la carne y el vestido fueron detenidos. La huelga se levantó por parte de las oportunamente convocada por las “62 ” prácticamente sin condicionamientos, pero las bases en ciudades obreras como Avellaneda, Berisso, Ensenada, Quilmes, Dock Sud, Rosario, la prolongaron por varios días obligando a la intervención militar. [48]
Asamblea y toma del Frigorífico. La derrota y sus consecuencias.
La Asamblea de los trabajadores decidió ir a un paro por tiempo indeterminado con la toma del establecimiento incluida, al tiempo que solicitó a todas las organizaciones sindicales agrupadas en las “62 Organizaciones Peronistas”, el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS) e inclusive a los “32 Gremios Democráticos”, el apoyo a las medidas mediante la declaración de un paro general.
De todos modos, el sector denominado “duro” del espacio sindical peronista -que estaba al frente de la toma, acompañado por John W. Cooke -y otro hombre de fuerte incidencia en la Resistencia, también conocido por su intransigencia: Daniel Tristán[49], no contaron con el apoyo total de “las 62”, las cuales fueron acusadas de buscar mayores coincidencias con el gobierno con el mote de “integracionistas” en esta coyuntura. El 16 de enero, ante la ausencia del presidente de viaje en los EE.UU., el jefe de la policía federal el capitán de navío Ezequiel Niceto Vega, declaró que:
“Existiendo medidas de fuerza, no habrá lugar a ninguna clase de e mantiene la veracidad del compromiso contraído por el suscripto en nombre del señor presidente y se mantiene la huelga y la ocupación, el Poder Ejecutivo actuará con toda decisión y energía.”[50]
La respuesta del sindicato fue hacer caso omiso a estas advertencias y volver a exigir la derogación de la ley de traspaso del frigorífico. Ese mismo día, el ministro de Trabajo y Seguridad Social Alfredo Allende, “declaró ilegal el paro de los obreros y conminó al personal a desalojar el establecimiento a las 3 horas del día sábado. Una hora después del plazo, aproximadamente, se desencadenó la represión.”[51] El teniente Coronel Alejandro Cáceres Monié, estuvo al mando de las fuerzas de seguridad, constituidas por la Policía Federal y por tropas del ejército y gendarmería, incluyendo cuatro tanques Sherman. Uno de ellos, ante la negativa de los miles de obreros de franquear los portones de acceso irrumpió atravesándolos, y mientras esto ocurría los trabajadores que se encontraban dentro del establecimiento entonaron las estrofas del Himno Nacional argentino.
Si bien tras largas horas de lucha, en la madrugada del domingo 17 de enero, las fuerzas de Gendarmería recuperaron el establecimiento y desalojaron a los últimos trabajadores que resistían en el cuarto piso; durante más de una semana la resistencia prosiguió en las calles del barrio de Mataderos y sus alrededores.[52] En cuanto a “las 62 Organizaciones Peronistas”, la misma noche del ultimátum del gobierno, se reunió para declarar el paro general por tiempo indeterminado, sin embargo las contradicciones internas entre los “integracionistas” y los “duros” hicieron fracasar esta medida.
Mas aún cuando el domingo por la mañana, los diarios anunciaron la posibilidad de la aplicación del Plan Conintes y el día lunes el jefe de la Policía Federal en un comunicado publicado por el diario La Prensa, separó a los sindicatos peronistas que tuvieron una actitud diferente a la del frigorífico al cual calificó de subversivo- por estar conducido, según su versión de los hechos, por elementos comunistas y aliancistas-. En el transcurso de esa misma semana se ocuparon los locales de la Unión Obrera Metalúrgica, del Partido Comunista y el de “las 62 Organizaciones Peronistas”; fueron detenidos alrededor de cuatrocientos dirigentes políticos y sindicales, tanto peronistas como pertenecientes al Partido Comunista y a la Alianza Libertadora Nacionalista aplicándoseles el Plan Conintes[53] con sus tribunales militares.
El presidente argentino enterado desde el exterior de la resolución del conflicto declaró que “la conducción del país la tiene el gobierno, no los sindicatos” y que una huelga general tiene las características “de un golpe comunista-peronista.” El conflicto se extendió por tres días más, no solamente por la defección de gremios del transporte como la Unión del Transporte Automotor sino también por la represión desplegada por parte de las autoridades gubernamentales.
Sin embargo los miles de trabajadores del frigorífico y sus familias, que se resistieron a su venta- como así también los integrantes de otros gremios que fueron al paro general por solidaridad- defendieron lo que ellos consideraron parte del patrimonio nacional, identificándose con el ideario del peronismo. Consignas tales como: soberanía, patria o colonia, además, de la defensa de su fuente de trabajo, de sus conquistas sociales y derechos laborales amalgamaron su lucha contra un gobierno que ellos consideraron que había traicionado su acuerdo originario con el peronismo, dejando el manejo de la economía y la política en manos liberales con el respaldo de unas
Las bases pertenecientes a diferentes gremios que participaron solidariamente del conflicto mencionado en aquél momento, como así también en paros que respondieron a demandas propias, denunciaron a las dirigencias por su “acuerdismo” con el gobierno y lograron cambiar al conducción del brazo político el movimiento obrero eligiendo una conducción que trató al meno de continuar su oposición a las medias económicas y sociales del desarrollismo. En el mes de diciembre del año 1959 una nueva conducción de las “62 Organizaciones Peronistas” declaró:
“Con nuestra industria desprotegida, la política
económica actual del gobierno significa un
retroceso en el avance de nuestro país al cual se
lo pretende volver a su anterior situación de
Nación exportadora de materias primas e importadora
de artículos manufacturados que hasta 1944 nos colocara
en situación de colonia extranjera. Rechazamos el sistema
económico patrocinado por el FMI ya que significa lisa y
llanamente la explotación del hombre por el hombre.”[54]
Sebastián Borro y los integrantes de la Comisión Directiva, que estaban prófugos, fueron detenidos el día 20 de febrero al mismo tiempo que quedaron cesantes alrededor de cinco mil trabajadores (entre ellos, el conjunto de la Comisión Directiva que perdió su condición de afiliada al sindicato); a mediados del año 1960, cuando la CAP se hizo cargo efectivamente del frigorífico, las condiciones laborales cambiaron drásticamente en detrimento de los trabajadores.
Mientras que John W. Cooke fue separado del cargo de delegado personal (lo cual produjo un viraje en la táctica política) y reemplazado por el Consejo Coordinador y Supervisor del Movimiento, con el objetivo de institucionalizarlo de cara a nuevas instancias electorales. En ese sentido, tuvo en cuenta que en los últimos cuatro años la Resistencia peronista, sostenida fundamentalmente por los trabajadores, no venía obteniendo resultados tangibles ni en cuanto al reconocimiento político de su fuerza ni en cuanto a un posible retorno de su líder a la Argentina.
A pesar de una tregua propuesta por las “62 Organizaciones Peronistas”, hacia finales del mes de abril, en el mes de julio recrudecieron los atentados contra fábricas, ministerios, bancos y comités de la UCRI; dichas acciones continuaron en diferentes provincias, además de profundizarse en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires. La huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre de “carácter semi insurreccional” se produjo en un contexto donde un mes antes los ferroviarios habían llevado a cabo un conflicto por salarios que terminó con mas “de 800 despedidos” cumpliendo “sentencias de los consejos de guerra militares por infracciones, muchas veces sin ninguna importancia o por celo excesivo (como el que aplicó un 45 días de prisión a un ferroviario por <irrespetuosidad fuera de horas de servicio>).”[55]
[1] Rogelio Frigerio. Los trabajadores y el desarrollo nacional. Buenos Aires: Sociedad Editora Argentina. p.4. 1958.
[2]“En palabras de Rogelio Frigerio: “El agro está íntima e indisolublemente unido a toda economía nacional.
La historia y la experiencia demuestran que sin industrialización no hay desarrollo de la agricultura;
lo cual equivale a afirmar que toda concepción científica de reforma agraria parte de la industria pesada y no
de la inversión de esos términos.” Ernesto Salas. op. cit., p. 53.
[3] Rogelio Frigerio. Los trabajadores y el desarrollo nacional. Buenos Aires: Sociedad Editora Argentina. pp. 2-4. s/d.
[4] En la Declaración de Chascomús, formulada en el año 1960, este sector político propuso el impulso del sector industrial como “uno de los factores principales de la creación de un país moderno” mediante la “afluencia de capital extranjero a actividades ampliamente útiles al desarrollo nacional” Ernesto Salas. La toma del frigorífico. / 1 op. cit. p. 44.
[5] Rogelio Frigerio. op. cit. pp. 20-29.
[6] Ramón Prieto. op. cit., p. 138.
[7] El gabinete estuvo conformado por Emilio Donato del Carril en Hacienda, Héctor Noblía en Salud Pública y Bienestar, Luis Mc Kay en Educación y Justicia (ambos pertenecientes a la UCRI), Alfredo Vítolo en el ministerio del Interior, Carlos Florit en Relaciones Exteriores; se creó el ministerio de Defensa a cargo del radical Gabriel del Mazo (un dirigente gremial, proveniente del sindicato del Seguro), Alfredo Allende en Trabajo y Seguridad Social. Y en presidencia, el coronel Eduardo Guglialmelli como secretario de Enlace y Coordinación; Samuel Schmukler fue secretario ejecutivo y Nicolás Babini, secretario técnico.
[8] Rogelio Frigerio. Los Trabajadores y el Desarrollo Nacional, Buenos Aires: La Bastilla, Sociedad Editora Argentina, 1988. p. 137.
[9] Palabra Obrera nº 30, 11 de marzo de 1958. En Alejandro Schneider. Los Compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo en la Argentina 1955-1973, Buenos Aires: Imago Mundi, 2005.
[10] Alain Rouquié. Poder militar y sociedad política en la Argentina /II 1943-1973 .Buenos Aires: Emecé Editores. 1994, p. 151. En su discurso de apertura aseguró que “la entrega de las organizaciones sindicales que todavía deban reintegrarse a sus legítimos dueños, obreros o empleados, deberá cumplirse en término breve y perentorio”. Para continuar afirmando que el Estado no tendría injerencia en la vida sindical y las ocupaciones “por la violencia” de los sindicatos quedarían definitivamente erradicadas. Además, de ponderar la existencia de una sola y única central obrera.” Isidro Odena. op. cit. pp. 110-111.
[11] Norberto Galasso. /II. op. cit., p. 867. Este mismo tema es abordado en la correspondencia mantenida entre ambos: el ex presidente Juan D. Perón y su entonces Delegado personal, John W. Cooke.
[12] Ramón Prieto. op. cit., p. 139.
[14] Antonio Caggiano nació en Coronda Santa Fe, el 30 de enero del año 1889, y falleció en Buenos Aires, el 23 de octubre del año 1979. Fue cardenal argentino, arzobispo de Buenos Aires en el año 1959, y vicario castrense (también a partir del año 1959 y hasta el año 1975) además de primer obispo de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
[16] Al respecto, ya desde la portada del número posterior a la victoria ucrista, la revista Qué, editorializó:
“Este triunfo no es de un partido, pertenece al pueblo todo”. Destacando, además, que el gobierno había sido depositario tanto del sufragio de los peronistas como de los partidarios de la “unidad nacional” encolumnados para derrotar a las fuerzas oligárquicas.”
En el editorial de ese número, Rogelio Frigerio señaló las dos amenazas que se cernían sobre la nación decara al 1° de mayo: por un lado, advirtió que desde los sectores del antiperonismo“se busca encender la guerra social”, ante lo cual “los trabajadores no deben aceptar la provocación que los empuja por todos los medios a realizar movimientos de fuerza”. ( Revista Qué núm. 171, 4 de marzo del año 1958)
[17] La sustitución de importaciones tanto de materias primas como combustibles, hierro, papel, petroquímica, la tecnología aplicada al campo, modernizar la producción de energía, incentivos fiscales y crediticios para la formación de capitales internos, un plan de inversiones ampliando la redistribución industrial fueron algunos de los puntos clave del Plan económico desarrollista.
[18] Daniel James. Resistencia e Integración. op.cit., p. 155.
[19] Alejandro Schneider. op. cit., p. 120.
[21] Alejandro Scheneider. op. cit., p. 143.
[22] Alejandro Scheneider. Ibidem. p. 144.
[25] Mario Rapoport. op., cit., p. 458.
[26] Mario Rapoport. Ibídem. p. 459.
[27] Ramón Prieto .op., cit., p. 161.
[28] Las renuncias de los denominados frigeristas se sucedieron: el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Florit; el de Economía, Emilio Donato del Carril; y todos sus secretarios de estado: Dardo Cúneo secretario de Información, Samuel Schmukler, secretario ejecutivo.
[29] Nueva Historia Argentina, Dirección de Tomo, Daniel James.Violencia, proscripción y autoritarismo, (1955-1976), Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2003, p. 35
[30] El almirante Arturo Rial a poco de asumir el dr. Arturo Frondizi expresó la voz de su arma, la cual estaba convencida de la llegada al gobierno de “extremistas de izquierda”. Este oficial de alta graduación no contó con el apoyo de sus pares ante el conflicto con presidencia y debió pasar a retiro.
[31] Ambos habían sido elegidos por el presidente por su buena relación con los oficiales nacionalistas y gozaban de su confianza ante los sectores más inflexibles con respecto al peronismo. Estas características pensó que le ayudarían a buscar la armonía con la dirigencia sindical convencido al menos, al inicio de su gestión, que no deberían existir persecuciones por ideas o acciones políticas opositoras.
[32] Robert Potash. op. cit. p 392.
[33] Alain Rouquié./II op. cit., p. 165 Ver también el análisis de esta situación en Robert Potash. op. cit. p.380 y pp. 392-393.
[34] Alain Rouquié./II op. cit., p. 175
[35] El Centro de Operaciones de la Resistencia llevó a cabo el último intento de golpe de Estado por parte de militares de ascendencia peronista (junto a civiles también pertenecientes a este movimiento político) durante esa atapa. Se debe destacar además que fue un punto de inflexión en la metodología violenta de aquellos años, planteo en el cual coincidieron tanto Ernesto Salas como Daniel James al señalar el fin de estos intentos.
[37] Amado Olmos (1918-1968) fue dirigente del gremio de la Sanidad llegando a ser Secretario General de la Federación de dicha entidad gremial. Pasó gran parte de los años 1955 a 1960 detenido en diferentes centros penitenciarios del país. Fundador de las “62 Organizaciones Gremiales Peronistas” e impulsor del congreso de La Falda en el año 1957.
[38] El paro ferroviario también fue duramente reprimido militarizándose esta huelga al someter a tribunales militares a los trabajadores del riel que no trabajasen. Oficiales del ejército fueron interventores de las seis líneas férreas. El mismo trato sufrieron en enero del año 1959, los trabajadores transportistas de la ciudad de Buenos Aires, de las zonas vinculadas a la explotación petroleras de Dock Sud, La Plata, Berisso y Ensenada. El Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) se aplicó en todo el país con el pretexto que se estaban llevando a cabo una serie de huelgas revolucionarias. Asimismo, se suspendieron elecciones programadas en varios dr. David Blejer presidente del partido Radical.
[39] No obstante estas contradicciones en el año 1958 se perdieron por conflictos gremiales en Capital Federal 6.245.286 jornadas de trabajo. Daniel James. Resistencia e Integración. op. cit. p. 159.
[41] Isidro Odena. Libertadores y Desarrollistas, 1955-1962; Buenos Aires. Ediciones La Bastilla, Editorial Astrea, op. cit., p. 172.
[44] Robert Potash. op. cit., p.429.
[46] Ernesto Salas/2. op. cit., p.164.
[47] Ernesto Salas/ 2. op. cit., p. 169.
[48] Para más datos acerca de estos conflictos ver Daniel James. Resistencia e Integración. op. cit. pp. 158-174, y Alejandro Scheneider. op. cit. pp. 132-137.
[49] Héctor Tristán nació en Salta el 7 de noviembre del año 1918, en sus orígenes de ideas anarquistas, con la llegada del peronismo abrazó esta causa militando en el gremio metalúrgico. Integró el Comando Nacional Peronista y en abril del año 1957, editó el periódico De Frente; se exilió en Montevideo en ese mismo año. Fue amigo de John W. Cooke, y se inscribió en la denominada “Línea dura” de La Resistencia, proceso del cual participó a pleno hasta el regreso definitivo de Juan D. Perón al país. Falleció el 11 de enero del año 1993.
[50] Ernesto Salas. La toma del frigorífico./ 2. op. cit., p. 177
[51] Ernesto Salas/2. loc. cit.
[52] En otras barriadas obreras (Berisso, Ensenada, Dock Sud, Avellaneda y Rosario) la huelga se prolongó con variaciones hasta el 20 de enero. La militancia de base expresó su nivel organizativo y de combatividad por encima en este caso de las “62 Organizaciones peronistas”.
[53] Significa Conmosión Interna el Estado y habilitaba a las Fuerzas Armadas en intervenir en conflictos sociales, militarizando las huelgas de período.
[54] Daniel James. Resistencia e Integración. op. cit. p. 164.
[55] Alejandro Schneider. op. cit. p. 121. También ver sobre la conflictividad sindical producida a partir del mes de enero de ese año en adelante diario La Nación meses enero-diciembre año 1959. En este año se perdieron 10.078.138 jornadas de trabajo en Capital Federal con mas de 1.400.000 trabajadores participando. Daniel james. Resistencia e Integración. op. cit. p. 15